“Escúchame”, el corto producido por niñas de los Andes del Perú

El documental muestra los desafíos que enfrentan las adolescentes de Huancavelica para acceder a la educación.

Gracias a la iniciativa Niñas con Voz, junto con la participación de CARE Perú y el auspicio de Fundación Belcorp, se pudo presentar el documental “Escúchame”, que reúne las voces de 23 niñas huancavelinas que escribieron, produjeron y dirigieron este corto.

El documental muestra las dificultades que enfrentan las niñas para poder acceder a una educación de calidad. 6 de cada 10 niñas no concluyen la secundaria a tiempo; y en la Amazonía son 8 de cada 10 (UNICEF, 2016).

El documental completo:

 

“Hay niñas que son obligadas a dejar de estudiar solo por el hecho de ser mujeres: las familias prefieren invertir en los hijos hombres, ya que consideran que sus hijas no tendrán oportunidad de acceder a estudios superiores una vez culminada la secundaria. Muchas niñas tienen que desplazarse entre 2 y 4 horas a pie para llegar al colegio más cercano; enfrentándose a un sinnúmero de peligros y dificultades en el camino”, detalló Maclovio Olivares, especialista en educación de CARE Perú.

“Escúchame” aborda estos y otros problemas a través de la visión de las niñas del colegio Eleodoro Bellido Bravo.

Josie Beeck; directora y productora de la organización Niñas con Voz, trabajó con ellas durante más de una semana, guiándolas en el manejo de las herramientas audiovisuales.
 
Sobre Niñas con Oportunidades
Proyecto que busca combatir la deserción escolar y conseguir que más niñas concluyan la secundaria a través del fortalecimiento de las capacidades de cada niña y con un trabajo en conjunto con padres, profesores, y alumnos. El primer piloto se ejecutó en Huaytará – Huancavelica y Chincha – Ica.

Sobre CARE Perú
CARE Perú es una organización sin fines de lucro, con 48 años de presencia en el Perú, que desarrolla modelos y estrategias replicables, trabajando con equipos descentralizados y de la mano del Estado y el sector privado, con el objetivo de erradicar la pobreza. La organización se enfoca en el empoderamiento de niñas y mujeres, porque cree que ellas son la clase para potenciar el desarrollo del país.

Con información de CARE, El Comercio y La República

7 razones por las que el Congreso peruano debe ratificar el Acuerdo de Escazú

Han pasado cuatro meses desde que la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, firmara  en representación del Estado peruano ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como Acuerdo de Escazú.

Este compromiso debe ser ratificado por 11 países para que entre en vigencia. Frente a ese escenario y considerando la importancia para el Perú y los demás países de América Latina que el Acuerdo de Escazú sea implementado, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) propone al Gobierno peruano priorizar en su agenda y la del Congreso de la República la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú a través de un proceso transparente y participativo, por los siguientes motivos:

1. Porque los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia son derechos fundamentales inherentes a las personas, permiten el ejercicio de otros derechos, actúan como garantes para su reconocimiento y trascienden la materia ambiental, por lo que deben ser reconocidos, fortalecidos y garantizados.



2. Porque en el contexto de urgencia de reconstruir la democracia y hacer frente a los actos de corrupción que afectan al desarrollo del país, los derechos de acceso contribuyen en la construcción de la democracia y gobernanza ambiental en el Perú y afianza la relación entre el Estado, las poblaciones y las entidades privadas en la gestión ambiental.



3. Porque reafirma los compromisos del Estado peruano con los ciudadanos y las ciudadanas para asegurar el ejercicio de sus derechos a través de la creación y facilitación en el acceso a herramientas.



4. Porque la institucionalidad peruana de gestión de información es joven y las herramientas de transparencia son precarias. Su fortalecimiento debe ser priorizado a través de medidas que fomenten la difusión proactiva de información relevante sobre el ambiente, los recursos naturales, su aprovechamiento y manejo; y la rendición de cuentas de las entidades públicas.



5. Porque el 63.6%[1] de conflictos sociales en el Perú es de carácter ambiental y es imperativo estrechar los puentes entre el Estado y la población, a través de la participación pública, para fortalecer la confianza y legitimizar procesos de diseño de políticas, normas, programas y toma de decisiones sobre la gestión de los recursos naturales, además de para crear relaciones de cooperación por el desarrollo del país.



6. Porque la justicia es el principio moral que ordena actuar con respeto a la equidad y en cumplimiento de los derechos de las personas; y el acceso a ella de manera temprana y sin obstáculos es un derecho fundamental que todo Estado debe garantizar plenamente para proteger la democracia de los actos que intentan violentar los derechos humanos a contar con un ambiente sano y saludable.



7. Porque en el 2017, el 60% de personas defensoras de derechos humanos ambientales asesinadas en el ejercicio de sus derechos y de sus labores de conservación, eran de América Latina y el Caribe.[2] Este escenario evidencia la urgencia de protegerlos y de establecer mecanismos que puedan garantizar el ejercicio de sus derechos plenamente, sin restricciones y sin amenazas.



[1] Global Witness. “¿A qué precio?” Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017. En: https://www.globalwitness.org/documents/19393/Defenders_report_spanish-7_7LgJLCK.pdf 

[2] Según el Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº 172 a junio de 2018 de la Defensoría del Pueblo. En: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-172-Junio-2018.pdf
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Tomado de: Actualidad Ambiental

Lideresa indígena de Loreto (Perú) gana concurso internacional de derechos humanos

Liz Chicaje Churay es la única peruana en obtener el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos, en una lista de otros 14 promotores a nivel mundial.

La lideresa amazónica Liz Chicaje Churay, que lucha por la seguridad territorial indígena, es una de los 15 galardonados con el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho. Ella fue una persona clave para que el Parque Nacional Yaguas se vuelva realidad en enero de 2018.

La lideresa bora, Liz Chicaje Churay, fue galardonada este martes con el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho por su trabajo a favor de la seguridad territorial de las comunidades indígenas del Perú y su impulso para la creación del Parque Nacional Yaguas. Chicaje es la única peruana ganadora de esta distinción entre otros 14 promotores de los derechos humanos a nivel mundial.

“Llegar a esta meta no ha sido fácil, por eso la alegría de recibir este reconocimiento. Esto es por todos aquellos que hicimos este trabajo en conjunto. La minería ilegal está contaminando las quebradas y el agua. Nuestra meta ha sido cuidar los derechos de las comunidades y su territorio. Gracias a eso seguimos”, dijo Chicaje.

En una ceremonia en conjunto, los embajadores de Alemania, Stefan Herzberg, y de Francia, Antoine Grassin, resaltaron que una mujer peruana esté dentro de los líderes sociales más importantes que impulsan la protección del medio ambiente y los derechos humanos.

“Queremos rendir homenaje a su esfuerzo. Usted ha estado involucrada con la creación del Parque Nacional Yaguas, ha luchado por el derecho a la consulta previa y ha sido muy activa a nivel nacional e internacional para explicar las dificultades de las comunidades”, dijo el embajador Herzberg.

A su turno, el embajador francés, Antoine Grassin, destacó que a nivel internacional se resalte la trayectoria de Chicaje en su cuidado por el bosque, en un territorio de más de 800 mil hectáreas ubicado entre los ríos Napo, Putumayo y Amazonas, en la frontera con Colombia y Brasil.

Liz Chicaje Churay es una lideresa indígena del Pueblo Bora (Loreto) comprometida con la defensa de los derechos indígenas y del medio ambiente. Como presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (FECONA) y miembro del Comité de Categorización de la Zona Reservada Yaguas, Liz Chicaje fue una persona clave para la creación del Parque Nacional Yaguas en enero de 2018.

El Parque Nacional Yaguas está ubicado en el distrito de Putumayo, en la provincia de Maynas, en la región Loreto. Este parque permitirá la conservación y protección de un área de 868 mil hectáreas, que alberga la mayor cantidad de especies hidrobiológicas del Perú, así como de flora y fauna.

La entrega de premio a Liz Chicaje Churay coincidió con el 56 aniversario del Tratado de amistad franco-alemana del Elíseo de 1963. Este tratado marcó la promoción de ambos países en distintos ámbitos, entre ellos: la promoción y defensa de los derechos humanos en el mundo. En la víspera, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, reafirmaron este compromiso con la firma del Tratado de Aix-La-Chapelle, que fija las prioridades de la cooperación franco-alemana para los próximos años.

Este premio se otorga anualmente desde 2016 a personalidades que hayan contribuido de manera excepcional a la protección y promoción de los derechos humanos, al Estado de derecho en su país y a nivel internacional.

Los otros galardonados de la edición de 2018 del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho han sido: Chak Sopheap (Camboya); Yu Wensheng (China); Aminata Traoré (Côte d’Ivoire); Mohamed Lotfy (Egipto); Alfredo Okenve (Guinea Ecuatorial); Nityanand Jayaraman (India) y Hessen Sayah Corban (Líbano).

También Mekfoula Mint Brahim (Mauritania); Oyub Titiev (Rusia); Anwar al-Bunni (Siria); Vuyiseka Dubula-Majola (Sudáfrica); Sirikan Charoensiri (Tailandia); Daoud Nassar (Territorios Palestinos); Susana Raffalli Arismendi (Venezuela).

Fuentes: 

El Comercio (Perú)

Agencia Andina

 

¿En qué consistió el 'juicio del mono'?

Hace 75 años un maestro fue juzgado por enseñar la teoría de la evolución de Darwin. Esto iba en contra de una ley que establecía que el hombre fue creado por Dios, como dice la Biblia. Fue en los Estados Unidos y despertó la atención del mundo.

El Juicio del Mono: con este nombre se conoce el más sonado caso legal en la Historia de la batalla ideológica entre creacionismo y evolucionismo a cuenta de El origen de las especies, de Charles Darwin. También llamado Juicio de Scopes, tuvo lugar en Tennessee (Estados Unidos) en mayo de 1925. En él, el profesor de escuela secundaria John T. Scopes fue acusado de haber enseñado la teoría de la evolución darwinista en sus clases, lo cual era ilegal entonces en aquel Estado sureño en virtud de una disposición educativa denominada Butler Act.

Esta norma prohibía expresamente en Tennessee "la enseñanza de cualquier teoría que niegue la historia de la Divina Creación del hombre tal como se encuentra explicada en la Biblia, y reemplazarla por la enseñanza de que el hombre desciende de un orden de animales inferiores". En realidad, Darwin sostiene la ascendencia común del ser humano y de los restantes primates, no que descendamos del mono, pero la creencia popular en la época, convenientemente manipulada por la Iglesia y los sectores más conservadores, era que el evolucionismo afirmaba lo segundo.

El proceso atrajo una enorme atención de la prensa –que fue la que lo bautizó enseguida como "juicio del mono"– y de la opinión pública estadounidense, máxime cuando aceptó defender al acusado el famoso abogado Clarence Darrow. Pese al brillante alegato final de éste, Scopes fue condenado por el Tribunal, si bien sólo a una multa simbólica y no a pena de prisión como pedía el fiscal. El juicio inspiró una célebre obra de teatro, La herencia del viento, que fue llevada al cine en 1960 con Spencer Tracy, Fredric March y Gene Kelly en el reparto.

El diario El Clarín (de Argentina) escribibió, la respectol asiguiente crónica:

John Thomas Scopes, de 24 años, enseñaba biología en el secundario de Dayton, un pueblito de Tennessee. A principios de julio de 1925, mientras daba clase, dos policías entraron al aula y se pusieron contra la pared del fondo. Scopes, perturbado, despidió a sus alumnos y los policías lo invitaron a ir hasta la droguería del pueblo.

Allí estaba el metodista George Rappalyea, entre otros líderes locales.

—Estuvimos discutiendo y yo dije que nadie podía enseñar biología sin enseñar la evolución —comenzó Rappalyea.

—Así es —asintió Scopes.

Rappalyea sacó un libro de los estantes de la droguería, que también funcionaba como almacén de ramos generales. Era el tomo Biología Cívica, de Hunter.

—¿Les estuvo enseñando este libro? Scopes volvió a asentir.

—Entonces cometió un delito —le dijeron. Scopes se quedó atónito cuando los policías lo llevaron hasta la prisión local.

A principios de 1925, los parlamentarios de Tennessee sancionaron una ley que prohibía la enseñanza de la evolución natural, teoría desarrollada por Charles Darwin en su libro El origen de las especies.

En otras palabras, era delito decir que el hombre (varón y mujer) evolucionó de especies inferiores y que el chimpancé era su pariente más cercano en la escala zoológica. Esto, se decía, podía llevar a "perversiones morales". La enseñanza oficial debía ser que el hombre fue creado por Dios, como dice la Biblia.

John Scopes no podía entender su situación. Estaba preso por enseñar ciencia, que era su trabajo. Tampoco entendía que, con su arresto, los líderes locales buscaran atraer la atención sobre Dayton y tentar a algún empresario a invertir en un pueblo que cada vez tenía menos habitantes.

La Asociación de Libertades Civiles Norteamericanas (ACLU) ofreció pagar los honorarios del defensor y eligió a H.G. Wells, el escritor de ciencia ficción autor de La máquina del tiempo y otros relatos fascinantes. Pero a Wells no le interesó.

En realidad, el defensor surgió después de que se conociera quién iba a ser el fiscal. Las autoridades del pueblo consiguieron que William Jennings Bryan, un fundamentalista religioso, tres veces candida to a la presidencia de los Estados Unidos, asumiera la acusación a pesar de que no ejercía el derecho desde hacía 30 años.

Cuando se supo de que actuaría Bryan, hubo un abogado que se propuso para la defensa. Era Clarence Darrow, de 70 años, el abogado más famoso del país.

William Jennings Bryan calificó al juicio de una "contienda entre la evolución y la cristiandad", y a Darrow, como "el mayor ateo" del país. Darrow se unió a la mesa de la defensa, según dijo, porque quería demostrar que Bryan era un intolerante.

El 10 de julio por la mañana, una joven de unos 20 años estaba parada en la puerta de la Corte con un bebé en su brazo derecho y un cartel en el izquierdo que decía: "Scopes, arderás en el infierno". Había más carteles, algunos con la figura de un mono y la cara de Darrow. Uno de ellos permaneció siempre en la puerta del tribunal: "Lea su Biblia todos los días".

Una señora vestida con una camisa de volados blancos, abotonada hasta el cuello, y una pollera larga y negra, cantaba una canción religiosa al frente de otras 50 mujeres. Hacía un calor insufrible y casi todos se apantallaban con diarios, cartón o abanicos. Había puestos de limonada y comida y un olor envolvente a cebollas fritas.

Vinieron periodistas hasta de Hong Kong. Fue la prensa la que bautizó el caso con el nombre que lo identificaría para siempre: "El juicio del mono".

Durante la mañana, unas 1.000 personas fueron entrando a la sala del tribunal para ver cómo enjuciaban a Scopes. Alrededor de 300 se quedaron de pie.

El juez John Raulston golpeó con su martillo para acallar los murmullos. El calor era tan insoportable adentro que se permitió a los hombres estar en camisa. Los procedimientos empezaron con una oración, bajo la firme protesta de Darrow.

La presentación de Bryan, de inflamada aunque aburrida oratoria, era rubricada a cada pausa por un sonoro "amén" del público. Darrow volvió a protestar y el juez debió pedir mesura.

El caso para la fiscalía era muy claro. Con el testimonio de los alumnos probó que Scopes enseñaba la teoría de Charles Darwin, y que esto constituía una violación a la ley de Tennessee. En este tramo, Darrow sólo le preguntó a un alumno si le parecía que su profesor enseñaba cosas perversas o malas. El chico dijo que no.

Los científicos que la defensa propuso como testigos dirían que la ley era injusta pues no se podía tomar a la Biblia, que es un texto religioso, como si fuese un libro de ciencias. Pero Darrow tuvo serios problemas cuando el juez rechazó esos testimonios por impertinentes.

Darrow decidió entonces dar batalla en el terreno de sus oponentes y llamó como testigo al mayor experto en la Biblia que se encontraba presente, es decir al propio fiscal. Bryan, confiado, aceptó.

—¿Todo en la Biblia debe ser interpretado literalmente? —empezó Darrow.

—Así es.

Darrow le mostró una piedra.

—¿Qué edad cree que tiene esta piedra? La ciencia dice que millones de años.

—Tiene menos de 6.000 porque el obispo de Usher fijó la fecha de la Creación: el 23 de octubre del 4004 a.C., a las 9.

—¿Hora del este o del oeste? —Darrow sonrió y al ver la perplejidad de Bryan siguió:

—Déjelo, déjelo... Pero sí dígame, ¿el primer día tuvo 24 horas?

—La Biblia dice que fue un día.

—¿Un día de 24 horas, de 30 horas, de un mes, de un año, de millones de años?

—No lo sé... Mi impresión es que fueron períodos.

—Bueno, si los llama períodos, ¿podría haber abarcado mucho tiempo?

—Tal vez... Podría haber continuado millones de años —Bryan bajó los ojos y sus seguidores quedaron con la boca abierta.

Darrow pidió un veredicto inmediato. El final fue transmitido por radio a todo el país. En 8 minutos, el jurado declaró a Scopes culpable, lo multó con 100 dólares y quedó libre. Era el martes 25 de julio de 1925, hace 75 años.

Darrow apeló, pues buscaba que un tribunal superior dijera que la ley antievolución era inconstitucional.

Cinco días después, el fiscal Bryan se recostó a dormir una siesta de domingo y murió. La diabetes lo había vencido.

El 14 de enero de 1927, la Corte del estado redujo la multa a un dólar y evitó pensar el asunto en profundidad. Dijo: "No es conveniente prolongar este caso tan extraño". La ley no se aplicó más.

Es válido especular que tanto a Scopes como a Darrow les habría encantado saber lo que reveló el 21 de julio de 2000 el científico Craig Venter, del proyecto Genoma humano. Dijo que la evolución ya es una certeza porque probaron que en el hombre hay vestigios de estructuras genéticas de especies anteriores.

Darrow murió en 1938, a los 83 años. Scopes enseñó ciencia toda su vida. Murió en 1970 y fue enterrado en Louisiana según el rito católico por voluntad de su esposa y de sus dos hijos.

Fuente:

Clarín

Muy Interesante

Patricia Urteaga: "Hay una relación directa entre la situación crítica del agua y las desigualdades sociales"

La directora del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) del Departamento Académico de Derecho de la PUCP, Patricia Urteaga, habla sobre el estado del derecho humano al agua en nuestro país, a propósito de las IV Jornadas de Derechos de Aguas.

Las Jornadas de Derechos de Aguas son un evento que se realiza año tras año desde el 2013. Tiempo atrás, los abogados Armando Guevara y Patricia Urteaga, director anterior y directora actual del CICAJ, respectivamente, junto a una red de investigadores latinoamericanos, ya venían haciendo investigaciones sobre el derecho al agua en el Perú. Es así que, viendo además que varias universidades de Argentina, Chile, México realizaban jornadas de derechos de aguas, se dieron cuenta de que en el país no había eventos académicos que trataran el tema, cuando este se volvía cada vez más trascendente, en el sentido de que casi todos los conflictos socioambientales tenían -y tienen- que ver con el agua.

Este año, las IV Jornadas de Derecho de Aguas, que se celebrarán en Lima el 15 y 16 de septiembre, tienen como objetivo promover un debate académico sobre la relación entre el derecho internacional de las inversiones, el derecho administrativo y la vigencia del derecho humano al agua. Por ello, participarán expertos nacionales e internacionales, cuya visión permitirá comprender, desde perspectivas comparativas e interdisciplinarias, los temas críticos que surgen a partir de la interacción entre estas áreas del Derecho.

Este evento es organizado anualmente por el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) del Departamento Académico de Derecho. En esta edición, cuenta con el apoyo del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la PUCP (INTE-PUCP), la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina), y las Maestrías en Gestión de los Recursos Hídricos y Derecho Internacional Económico de la PUCP.

Es en el medio de este contexto que Patricia Urteaga, directora del CICAJ, concedió una entrevista a Clima de Cambios.

¿Qué tan importante es que se debatan estos temas desde la Academia?

Hemos tenido, y tenemos, dentro de las jornadas excelentes profesores con vasta experiencia, que vienen de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Canadá, España, Brasil, Costa Rica, en fin. Todos compartimos esta preocupación por la sostenibilidad, y por el rol que juega el Derecho en este contexto de crisis hídrica.

Esta cuarta edición de las Jornadas de Derechos de Aguas va a tratar sobre la relación que existe entre el derecho humano al agua y el derecho a las inversiones. El objetivo es discutir y debatir cómo se ha venido dando y planteando esta relación en diferentes contextos, no solamente en el Perú, y qué lecciones se han sacado de esta dinámica. Queremos enfocar el tema desde la visión de Amartya Sen, pensando el desarrollo como un desarrollo humano que debe tener como fin los derechos humanos, y que en todo caso las inversiones son un medio para lograr el fin. Nos interesa ver en estas jornadas cómo se ha desarrollado esta relación y si realmente se priorizan los derechos humanos, en este caso, el derecho humano al agua frente a consideraciones más economicistas.

Y luego de las jornadas, ¿se busca que el debate pase a la práctica o incidir de alguna manera?

Nosotros, como institución académica, compilamos todas las ponencias en un libro y las ofrecemos al público. En las jornadas anteriores, el público ha participado muy activamente. Algunos participantes han visto las jornadas como un espacio donde pueden comentar y compartir sus experiencias en relación a conflictos por el agua, así como recibir los aportes de académicos de varias partes del mundo. Como el agua es un tema multidisciplinario, las jornadas también incluyen análisis desde la economía, la sociología, etc. No es solamente un análisis jurídico, sino que va más allá.

Además, siempre hemos cuidado que el sector público participe con la idea de que, no solo compartan lo que hacen, sino también que lleven lecciones y puedan abrir perspectivas para mejorar la gestión del agua. En esta oportunidad hemos buscado el auspicio del Ministerio de Vivienda, porque el tema tiene que ver con el derecho humano al agua que es uno de sus pilares. Las jornadas tienen impacto social en la medida que ellos participan también. Eso es lo que justamente quiere el Departamento Académico de Derecho: contribuir a mejorar y fortalecer las políticas públicas que tienen como base un enfoque de derechos humanos.

El artículo completo en:

PUCP

El papel de la ciencia en la extensión de la democracia y los derechos humanos

He señalado en una anotación anterior que la influencia de la ciencia y la tecnología sobre el desarrollo socioeconómico de los países, principalmente occidentales, no se ha limitado a los aspectos materiales y de salud, sino que la misma Ilustración no podría entenderse sin su contribución. Por ello, a la hora de valorar el papel que puede tener sobre el cumplimiento de objetivos de desarrollo, no debe desdeñarse su posible influencia en la configuración de sociedades abiertas, libres y democráticas.

No se trata de que exista un relación necesaria y directa entre el desarrollo científico y la democracia y la libertad, sino de que hay razones para pensar que esas dos esferas de la civilización se encuentran relacionadas y pueden ser, hasta cierto punto, interdependientes. No es este el momento de analizar ese asunto con la debida profundidad pero creo que merece la pena que cite el dato de que, considerando a todos los países del mundo con más de medio millón de habitantes, existe una fuerte y muy significativa correlación positiva (r2= 0,72, n= 150) entre índice de transparencia (un buen indicador de historial democrático) y desarrollo científico (producción de artículos científicos per capita). Hay razones de fondo que apoyan la existencia de esa correlación. Por un lado, ciencia y democracia comparten valores y, por el otro, la educación constituye un fuerte nexo entre esas dos esferas. La ciencia necesita un importante esfuerzo formativo en la sociedad, y la formación genera, a su vez, ciudadanos críticos.

Por todo ello, yo también creo que es importante que en la formulación de los objetivos del milenio para 2030 se haga mención expresa del sustento científico de algunos de los objetivos y metas. Y de que la ciencia tenga una presencia significativa en la agenda para el desarrollo de los países menos favorecidos. Porque estoy convencido de que no sólo por sus efectos sobre la generación de riqueza, la alimentación y la salud, sino por su influencia sobre el carácter de las sociedades, la ciencia es un potente agente de desarrollo.

Tomado de:

Cultura Científica

Presidente de Nestlé: "El agua no es un derecho; debería tener un valor de mercado y ser privatizada"

Peter Brabeck-Letmathe, un empresario austríaco que desde el año 2005 ejerce como presidente del grupo Nestlé, considera que se debería privatizar el suministro de agua para que como sociedad tomáramos consciencia de su importancia y acabásemos con el malbaratamiento que se produce en la actualidad.

Unas palabras las suyas que provocan cierto estupor, máxime si se tiene en cuenta que Nestlé es el líder mundial en la venta de agua embotellada. Un sector éste que le reporta el 8% de sus ingresos totales, que en el 2011 ascendieron hasta los 68.580 millones de euros.

Pero Brabeck ha salido al paso de estas y otras críticas para remarcar que el hecho de que mucha gente tenga la percepción de que el agua es gratuita hace que en demasiadas ocasiones no se le dé el valor que tiene y se malgaste. De ahí que sostenga que los gobiernos deben garantizar que cada persona disponga de 5 litros de agua diaria para beber y otros 25 litros para su higiene personal, pero que el resto del consumo se tendría que gestionar siguiendo criterios empresariales.

A pesar del rechazo que provocan sus postulados, hace tiempo que los defiende sin miramientos, con entrevistas como ésta que aparece en el siguiente vídeo en la que califica de extremistas a las ONG que sostienen que el agua debería ser un derecho fundamental.

En su opinión, el agua debería ser tratada como cualquier otro bien alimenticio y tener un valor de mercado que viniera establecido por la ley de la oferta y la demanda (!!!). Sólo de esta manera, apunta, emprenderíamos acciones para limitar el consumo excesivo que se da en estos momentos. Toda un alma caritativa el señor Peter Brabeck-Letmathe

DEBATE: Alberto Fujimori y sus cuentas en Twitter y Facebook: ¿puede tener cuentas?

El jefe del INPE afirmó que “técnicamente” no está impedido de tener redes sociales. Abogado del ex presidente niega estrategia pro arresto domiciliario.

 

El ex presidente Alberto Fujimori fue sentenciado en abril del 2009 a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. (Foto: PJ)

 

Anoche en el penal de Barbadillo, el ex presidente Alberto Fujimori ultimó los detalles de su estreno en las redes sociales y en una conversión que tuvo con su médico, el congresista Alejandro Aguinaga, le comentó que por medio de Facebook y Twitter no solo daría a conocer sus memorias, sino que también se defenderá de los cargos por los que, según él, fue “injustamente” encarcelado.

En diálogo con elcomercio.pe, Aguinaga detalló que un conjunto de jóvenes del partido naranja, menores de 30 años, son los encargados de administrar estas cuentas y “no cobrarán ni un solo sol”. “Son de las juventudes de Fuerza Popular, que están identificados y cuyos padres admiran el trabajo que hizo el ex presidente”, afirmó, sin dar ningún nombre.

Una de las personas que podría manejar estas cuentas sería Ana María Cárdenas, recordada por haber intentado ingresar un celular a la Diroes escondido en una bolsa de kiwicha. 

Aunque Aguinaga dijo no conocer si Cárdenas era parte del equipo que maneja las nuevas cuentas, una fuente del fujimorismo afirmó que la arquitecta colaboró con la cruzada proselitista de Fuerza Popular en el 2011 justamente en el área de redes sociales. Específicamente, “se encargaba de subir los contenidos en Facebook que teníamos para la campaña”.

En breve comunicación con este medio online, la arquitecta respondió: “no te puedo dar información, estoy en clases en este momento y no he podido revisar (esas cuentas en redes sociales)”. Una vez publicada esta nota, agregó que no tiene ninguna relación con Fuerza Popular y aunque conoce al ex presidente, no maneja las cuentas en redes sociales que este tiene.
 
NIEGAN CAMPAÑA PRO ARRESTO DOMICILIARIO

Por su parte, el nuevo abogado de Fujimori, William Paco Castillo, negó que el ingreso de su cliente en Twitter y Facebook sea parte de una campaña para generar una corriente de opinión a favor del pedido de arresto domiciliario que ha hecho ante la Corte Suprema. “Es un tema personal del ex presidente y él tiene derecho a comunicarse con sus seguidores utilizando todos los canales que le sean posibles siempre que no falte a las reglas de su régimen penitenciario”, refirió.

En comunicación con este diario, el letrado comentó que Fujimori utiliza el teléfono público que está en el interior del penal de Barbadillo para comunicarse con sus colaboradores y dictarles qué colocar en sus cuentas de Facebook y Twitter. 

Para Castillo, además, fue una sorpresa la publicidad que se vio en Facebook la semana pasada a favor de Fujimori. “No tengo idea de quién la está pagado”, acotó.

¿FUJIMORI PUEDE TENER UNA CUENTA?

Frente a esto, cabe preguntarse si es posible que una persona que ha sido privada de su libertad tenga la facultad de utilizar estos servicios.

El ministro de Justicia, Daniel Figallo, dijo hoy que el uso de redes sociales de parte del ex presidente “tiene que estar regulado” por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Es decir, no precisó si es que se le debe permitir o no administrar estas cuentas.

Al respecto, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, indicó que “técnicamente” el ex mandatario no está impedido de tener cuentas en las redes sociales. “Sobre el tema concreto de que si puede o no usar Facebook, Montesinos lo usa (…) Técnicamente, no está prohibido a menos de que ingrese una grabadora o un celular para transmitir sus mensajes”, dijo en Radio Exitosa.

¿Qué dice Twitter al respecto? La red social señala quiénes pueden acceder a sus servicios, pero no con total claridad. De acuerdo con la red social, solamente pueden utilizar sus servicios las personas que no hayan sido “incapacitadas” para hacerlo según las normas del país en el que residen. Aunque no especifica a qué tipo de “incapacidad” se refiere, recalca que quienes utilicen Twitter lo deben hacer en cumplimiento de cualquier normativa “local, regional, nacional o internacional”.

Roberto Rubio, director de Inside y experto en redes sociales, dijo a elcomercio.pe que las normas de Twitter al respecto son amplias y que podrían dar cabida a un vacío legal que permitiría a Fujimori continuar administrando sus redes sociales con ayuda de un representante.

Tomado de:

El Comercio (Perú)